Los que vivimos en una sociedad con conceptos occidentales de lo que es una República Democrática, entendemos, culturalmente hablando, que la soberanía proviene del pueblo, y que dicha soberanía es delegada por elecciones democráticas y que los designados para llevar a cabo la voluntad popular asumen legítimamente sus posiciones por dicha delegación. Si la soberanía es el poder de decisión que tienen los pueblos, poder que no tiene ningún otro como supremo al mismo, entonces los pueblos son los supremos decidores de su presente y su futuro, al menos en teoría.
Asumiendo que lo anterior es cierto, es de suma importancia determinar cómo es esa soberanía ejercida, ya que la razón de ser de la soberanía no es otra que la de lograr satisfacer las necesidades de su originador, es decir, satisfacer las necesidades del pueblo. Para el ejercicio de la soberanía, el actor principal difícilmente puede considerarse que sea el pueblo en su conjunto, porque si bien es cierto es donde esta reside, no existe en una sociedad compleja una manera identificada en la que pueda toda la sociedad actuar al unísono constantemente en el ejercicio de la misma. De ahí la salida buscada en la delegación de poderes de esta para que sea un conjunto de personas, entre las que se encuentran el Congreso Nacional y el Presidente de la República, que se encarguen de las ejecutorias cotidianas requeridas por la soberanía. Convirtiéndose estos en mandatarios del soberano.
Aunque la soberanía per se no se delega, sino la autorización necesaria para cumplir los deseos de esta, ante dicha delegación nos encontramos frente al peligro de un desenfreno en la ejecución de esa autoridad delegada, donde, en ausencia de controles y balances auténticos y efectivos, el detentador de dicho poder delegado se convierte en el actor soberano mismo, en vez de ser un representante del pueblo soberano. Es en este punto donde el ejercicio realista del poder convierte en difusa la línea que separa la delegación de las ejecutorias de los deseos del soberano (el pueblo) y la soberanía del poder ejecutivo, convirtiéndose entonces este último en soberano actuante disfrazado de representante de la población.
De lo anterior se colige que para que en realidad exista una relación legitima entre el pueblo soberano y los que se encargan de ejecutar su voluntad, deben existir ciertas condiciones imprescindibles como son: (i) procesos electorales totalmente transparentes, diáfanos y exentos de presiones de poder sobre la voluntad de los ciudadanos y (ii) controles y balances efectivos que al mismo tiempo en que señalan cuales son los poderes delegados por el pueblo soberano, delimitan la acción de dicho poder, dejando ciertos poderes sin delegar y conservándolos en las manos de la población. Con estas especificaciones y delimitaciones, toda acción de los poderes constituidos que transgredan dichos limites, estarían en contradicción con los designios del soberano, por lo que su invalidación y sanción serían de lugar.
En otras palabras, para que el poder de acción sobre los intereses de la soberanía sea delegado legítimamente por el pueblo en un sistema democrático, debe haber elecciones transparentes y libres de presiones directas, cuyos funcionarios electos se enmarquen dentro de una Constitución y leyes adjetivas que además de establecer sus funciones, responsabilidades y limites, el cumplimiento de las mismas sea la garantía de auto sustentación estructural, mediante la penalización a sus transgresiones.
Es por esto que se debe considerar al entramado Constitucional-legal de una nación, no como un conjunto de letras vertidas en moribundos papeles que tienen poco o ningún efecto real en las ejecutorias cotidianas del quehacer socio-político, como lamentablemente se actúa y considerada actualmente en nuestro país. Sino más bien como la acción soberana misma del pueblo; en donde la violación a dichos preceptos, designios y deseos es la más clara afrenta a la voluntad popular y con ello a la estructura de Estado que este ha decidido establecer. El respeto absoluto por el cumplimiento de una Constitución de la República surgida de una designación directa de la voluntad popular prístinamente respetada, es la única garantía para mantener una estructura de Estado que se considere democrática.
Ahora bien, en una sociedad donde los procesos electorales adolezcan de “irregularidades” lo suficientemente graves como para cambiar el resultado de una elección; donde la voluntad popular sea presionada directamente por fuerzas obligando a cambiar la decisión del voto o simplemente a no ejercer su obligación participativa en democracia; difícilmente se pueda considerar ese proceso de construcción Estatal como un proceso desde abajo hacia arriba. Si, además de lo antes dicho, es una sociedad en donde el sistema Constitucional y de leyes adjetivas no producen ningún tipo de penalización ejemplificadora ni si quiera contra aquellos que hasta públicamente la transgreden, entonces no es una sociedad determinada ni limitada por su Constitución, es decir no es una sociedad donde la soberanía del pueblo sea la base de las acciones de sus delegados.
En un sistema verdaderamente democrático, en vista de que la soberanía surge de la población, la construcción del Estado debe ser realizada desde abajo hacia arriba. En este esquema de construcción, el pueblo funge como la base o zapata sobre la cual se erige la edificación Estatal que comprende la estructura de acción y ejecución de los deseos y voluntades del soberano. Es decir, se apoya en el pueblo, para cumplir los deseos del pueblo, siendo el Estado un instrumentum de la población. En cambio en un Estado donde la población sirve únicamente de apoyo justificativo discursivo, donde las ejecutorias del entramado Estatal no surgen para satisfacer las necesidades populares y por lo tanto sus detentadores no son producto de las designaciones del pueblo, se habla de una construcción Estatal de arriba hacia abajo, en donde, el verdadero soberano deja de ser el pueblo y es el detentador del poder mismo, el jefe de dicha estructura. En estos casos no se puede hablar de democracia como forma organizacional y de actuación del Estado, sino más bien de autocracia.
Es importante revisar el caso dominicano, y verificar cuales son las realidades existentes para poder determinar la realidad político-social de nuestro país. Como mencionamos anteriormente, los procesos de delegación del poder de soberanía y de rectificación de conductas en violación a la voluntad de la misma deben ser los primeros puntos a revisar en la evaluación político-social dominicana, ya que de esta manera se podrá entender si la construcción estatal es realizada de abajo hacia arriba y si las acciones del poder Estatal se encaminan al franco beneficio de la población, es decir si existe democracia.
Respecto al sistema de delegación de los poderes de acción de soberanía, podemos ver que en nuestro país las elecciones aún adolecen de irregularidades graves, por un lado la voluntad electoral es presionada a priori, ya sea para cambiar su elección o para que simplemente no se ejerza el deber de voto. Estas presiones indebidas no se refieren a las campañas publicitarias de promoción de candidaturas, sino más bien a la utilización de los recursos públicos para la compra de voluntades, la extorsión de supresión de medios de vida mediante amenazas de despidos de empleos públicos, el fomento del clientelismo en el fragor de la contienda política, por mencionar algunas. Todas estas son presiones indebidas y constituyen doble violación soberana, puesto que su origen es la corrupción y su efecto es la alienación de la voluntad popular.
Igualmente, respecto de la necesidad de ejemplificar con la penalización de actos ilegales se refiere, en la República Dominicana no existe el más mínimo esfuerzo sincero y serio en apresar a los violadores de la Constitución y las leyes. Las persecuciones en la comisión de crímenes se concentras en casos donde los autores no tienen respaldo gubernamental, obviando por completo en la supuesta lucha contra la criminalidad los actos de corrupción pública administrativa, los cuales desde el punto de vista de organización Estatal, son los más graves, ya que son los que pueden determinar y afectar el sistema de estructuración Estatal mismo.
En resumidas cuentas en la República Dominicana el supuesto soberano, que debe ser el pueblo, no es el que designa a sus delegados; ni es su voluntad, la de la búsqueda de soluciones de la sociedad, respetada en las ejecutorias de los detentadores del usurpado poder disfrazado de soberanía delegada.
¿Se podría decir entonces que el sistema de construcción Estatal en nuestro país no se realiza desde abajo hacia arriba, sino desde arriba hacia abajo? ¿Podríamos entender nuestro sistema no como una democracia sino más bien como una autocracia? Y si es así, entonces ¿podríamos considerar que la falta de claridad de que esta sea nuestra realidad se debe, al menos en parte, a la imposición de un disfraz mediático con recursos económicos públicos por parte de los detentadores del poder acompañado de un fomento de las precariedades en la población?
Si lo anteriormente expuesto refleja la realidad dominicana, el abandono de la esperanza acompañada de la lucha por adecentar nuestro entorno y por construir un verdadero sistema democrático de Estado de Derecho no es la solución. Por el contrario, la solución sigue residiendo en la férrea voluntad y decisión de participar activamente en los procesos políticos y sociales de nuestro país, convirtiéndonos en actores principales y no solo críticos disfuncionales de nuestras penas e inequidades sociales. Sigamos avanzando en la construcción de alternativas francamente diferentes que puedan conducir al Estado con el concepto social del mismo pero no limosnero, con un criterio de equidad en la distribución de las riquezas, y con la principal tarea de nivelar los espacios de acción social para que sean las capacidades de los individuos las que delimiten sus logros en vez de las precariedades e imposibilidades materiales en que vive nuestra población las que impongan los limites de desarrollo humano.
Lo difícil no es lograrlo, lo responsable es hacerlo. Atrevámonos a servir a nuestro país.
Por:
Luis Miguel De Camps García
Imagen Sustraída de la revista Fusion. www.revistafusion.com. Marzo 2008
