Hace poco tiempo, una de las entidades dedicadas a evaluar países calificó a República Dominicana como un Estado fallido. En ese momento, todos los sectores del país al unísono denunciaron dicha conclusión como fallida en sí misma, por faltar a la verdad.
Algunos entraron en detalles sobre la definición de Estado fallido y otros simplemente se dedicaron a criticar a las instituciones que habían publicado sus conclusiones y a sus representantes.
En lo particular, entiendo que nuestro país no es un Estado fallido, sino una nación de gente bien intencionada, trabajadora, pero a veces imposibilitada de lograr prosperidad por factores sistémicos y de voluntad de política de sus gobernantes.
El hecho de que una nación adopte un sistema de gobierno republicano y democrático no hace que automáticamente dicha nación sea perfecta. De hecho, para lograr el buen funcionamiento de las democracias, muchos factores deben trabajarse y mejorar constantemente, de los cuales, uno de los más importantes es el respeto a las leyes y la efectiva ejecución de las mismas.
Si bien es cierto que la República ha sido objeto de una “primera oleada” de reformas judiciales, las cuales han producido ciertas mejorías puntuales en lo que respecta a la administración de justicia, también es cierto que poco se ha hecho para que las entidades que deben obligar al respeto y al cumplimiento de las leyes cuenten con las iniciativas y los poderes necesarios para lograr su cometido.
Así, el ministerio público, que debe iniciar acciones penales contra toda persona que transgreda el orden público, opera bajo el control del Ejecutivo, un poder público al que, por el contrario, le corresponde estar bajo la supervisión del ministerio público.
La democracia no consiste solamente en respetar la decisión popular en cuanto a la elección de sus representantes y mandatarios. Es un acto de malabarismo social en el que debemos equilibrar las ejecutorias de los funcionarios públicos por un lado y las potenciales consecuencias que éstas pueden tener en sus realizadores, por el otro.
Si tenemos un sistema donde la penalización de las actuaciones ilegales dependen únicamente de la voluntad política de los gobernantes, no importará cuántos departamentos de prevención a la corrupción se inauguren, simplemente no tendremos una real democracia.
Propugnemos por una institucionalización del Ministerio Publico fuera de la sombra del Ejecutivo, en la que sus miembros no teman actuar como la ley les ordena, porque puedan verse en la calle y sin el empleo con el que cuentan.
Este es el momento adecuado para lograr este cometido, aprovechando la discusión de reforma constitucional. Si logramos esta independencia e institucionalización, podremos decir entonces que no tenemos un sistema de responsabilidad penal fallido.
Luis Miguel De Camps García - 10/27/2008
http://www.listin.com.do/app/article.aspx?id=78832
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